A finales de julio del 2026, el enclave español de Ceuta, en la costa norte de África, se convirtió en el epicentro de la mayor incursión migratoria en la frontera terrestre de la UE en los últimos años. En un corto período de tiempo, en una ciudad con una población de unos 83.000 habitantes entraron, según diversas estimaciones, entre 50.000 y 60.000 personas, predominantemente hombres jóvenes de Marruecos, así como procedentes de Argelia y de países del África subsahariana.
A finales de julio del 2026, el enclave español de Ceuta, en la costa norte de África, se convirtió en el epicentro de la mayor incursión migratoria en la frontera terrestre de la UE en los últimos años. En un corto período de tiempo, en una ciudad con una población de unos 83.000 habitantes entraron, según diversas estimaciones, entre 50.000 y 60.000 personas, predominantemente hombres jóvenes de Marruecos, así como procedentes de Argelia y de países del África subsahariana. La mayoría cruzó la frontera a nado, bordeando los espigones de Tarajal y Benzú, o a pie a lo largo de la línea de costa. Al menos entre 57 y 67 personas murieron (ahogadas o aplastadas en estampidas). Ya al día siguiente, la mayor parte regresó voluntariamente a Marruecos, pero las consecuencias políticas y humanitarias resultaron ser profundas.
La situación vuelve irónica a juzgar por las fechas. El 16 de julio, la Comisión Europea dio prácticamente una evaluación positiva sobre cómo España cumple el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo. Dos semanas después, uno de los tramos de la frontera exterior de la Unión Europea sufrió la mayor incursión migratoria simultánea en muchos años.
Enero-abril del 2026. El Gobierno de Pedro Sánchez anuncia y aprueba un programa de regularización masiva de migrantes ilegales. Se preveía regularizar a unas 500.000 personas; sin embargo, al final se presentaron más de 1 millón de solicitudes. Requisitos: permanencia en España antes del 1 de enero de 2026 y un mínimo de 5 meses de residencia continuada. La recepción de solicitudes se mantuvo hasta el 30 de junio del 2026.
29 de junio del 2026. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España dictó la sentencia n.º 814/2026 (recurso de casación 3795/2025). La decisión se hizo pública el 8 de julio. El tribunal fijó una doctrina jurídica que afectó directamente a la situación en Ceuta y Melilla. Los magistrados dictaminaron que el régimen especial de "rechazo en frontera", conocido como "devoluciones en caliente", no se puede aplicar a las personas interceptadas en el mar cuando intentan llegar a nado a Ceuta o Melilla.
Antes de la sentencia del 29 de junio de 2026, la Guardia Civil aplicaba de facto las "devoluciones en caliente" también a quienes eran interceptados en el agua. Tras el 8 de julio, esta práctica pasó a ser ilegal. Los rumores de que "ya no se puede expulsar de
inmediato por mar" se difundieron rápidamente en las redes sociales y entre los potenciales migrantes.
Comenzó el aumento del número de intentos de entrada en Ceuta. La mayoría de las personas intentaba pasar por los espigones de Tarajal y Benzú a nado o bordear la línea de costa. En los primeros diez días llegaron a la ciudad entre 1.500 y 2.000 personas, lo que ya suponía una cifra anómalamente alta en comparación con los números mensuales habituales. Entre los recién llegados predominaban los ciudadanos marroquíes, aunque también había argelinos y personas procedentes del África subsahariana, incluidos menores de edad.
Por la mañana, la situación cambió drásticamente. Miles de personas se dirigieron simultáneamente hacia la frontera. Una parte avanzaba a pie a través de los pasos fronterizos y a lo largo de la costa; la mayoría, a nado con flotadores, trajes de neopreno o simplemente sujetándose a objetos improvisados. Hacia el mediodía, las autoridades locales y los medios de comunicación estatales estimaban el número de personas que habían cruzado entre 2.000 y 3.000, pero el flujo no cesaba.
Los centros de acogida municipales se desbordaron en cuestión de horas. La gente pernoctaba en parques, aceras y puntos improvisados. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calificó la situación de "absolutamente inasumible" y exigió a Madrid que declarara el estado de emergencia y desplegara al Ejército.
España comenzó el despliegue de efectivos adicionales de la policía y miembros de las Fuerzas Armadas.
En el lado marroquí, en la ciudad de Castillejos, también se congregaban multitudes. La policía de Marruecos utilizó cañones de agua y fuerza física para contener la presión.
31 de julio (viernes)
Pico de la crisis. Según estimaciones del alcalde de Ceuta, en solo dos días entraron en la ciudad unas 60.000 personas (alrededor del 70 % de la población habitual).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, voló a Ceuta. Calificó lo sucedido como una “violación de la integridad territorial” y un “ataque”, culpando en primer lugar a los grupos criminales organizados que aprovecharon la resolución judicial y difundieron falsos rumores. España y Marruecos acordaron devoluciones aceleradas.
En la propia Ceuta, los residentes recibieron al presidente con protestas y exigencias de dimisión.
Para la noche del viernes, según datos del Ministerio del Interior de España, cerca de 48.300 personas ya habían regresado voluntariamente a Marruecos (el ritmo llegaba a 150 personas por minuto). Al mismo tiempo, continuaba la evacuación de cadáveres. En el lado español se hallaron al menos 57 cuerpos (parte ahogados, parte fallecidos en estampidas junto al espigón). Más tarde, las cifras de fallecidos ascendieron a 67 y más.
Italia anunció la suspensión temporal del Acuerdo de Schengen con España. En Francia y otros países se intensificaron los controles fronterizos. La Casa Blanca criticó la política migratoria de Madrid.
1 de agosto y días subsiguientes
El flujo masivo prácticamente se detuvo. España y Marruecos reforzaron los cerramientos, incluso en el mar. La mayoría de los que se quedaron, o bien fueron devueltos, o bien se escondían en la ciudad. Las autoridades de Ceuta continuaron hablando de una catástrofe humanitaria y social, pero la fase aguda de la crisis había quedado atrás. El número de víctimas confirmadas continuó precisándose.
La crisis de Ceuta se convirtió en el mayor intento de incursión simultánea en la frontera terrestre exterior de la UE desde el 2021 (entonces entraron en Ceuta unas 10.000 personas). Dejó al descubierto varios problemas a la vez:
· La dependencia de los enclaves españoles de la cooperación con Marruecos;
· La velocidad con la que los rumores y las redes sociales pueden convertir un repunte local en un asalto masivo;
· La vulnerabilidad política del Gobierno de Pedro Sánchez, que ya venía siendo criticado desde la derecha por su política migratoria.
La mayoría de los recién llegados regresó rápidamente; la ciudad físicamente no podía acogerlos, y las perspectivas de continuar hacia la España peninsular resultaron mínimas. Sin embargo, las imágenes de miles de personas saliendo del agua y las cifras de “60.000 en 24 horas” ya se convirtieron en un símbolo de la nueva ola de presión sobre las fronteras europeas.
La crisis de Ceuta superó rápidamente el marco de la frontera hispano-marroquí y se convirtió en un acontecimiento político de ámbito europeo. A pesar de que casi todos los recién llegados regresaron a Marruecos en un plazo de 48 horas y nadie logró irrumpir en la parte continental de la UE, la reacción de las capitales fue dura y polarizada.
Italia adoptó la postura más inflexible. La primera ministra, Giorgia Meloni, calificó las imágenes de Ceuta de “impactantes” y afirmó que la migración ilegal incontrolada representa una “amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas”. El 31 de julio, Roma suspendió temporalmente el Acuerdo de Schengen con España durante un mes: se introdujeron controles para los nacionales de terceros países procedentes de España por vía aérea o marítima.
Francia intensificó los controles en la frontera terrestre con España. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dio la orden de endurecer inmediatamente el control y activó la Fuerza de Intervención Rápida Fronteriza. El presidente Emmanuel Macron ofreció a Madrid todo tipo de ayuda.
Finlandia, Dinamarca, República Checa, Países Bajos, Austria y varios países más respaldaron las críticas. La ministra finlandesa del Interior, Mari Rantanen, declaró que España “fracasó por completo en la protección de la frontera exterior de Schengen”. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, instó a examinar todas las opciones, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen. El canciller austríaco y los conservadores alemanes también exigieron a Marruecos la readmisión inmediata de los migrantes irregulares.
22 líderes de la UE (incluidos los de Alemania, Italia, Austria, Polonia, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, República Checa, Grecia, Hungría y otros) enviaron una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro irlandés (país que ejercía la presidencia del Consejo). En la carta se expresaba una “grave preocupación” por la amenaza a la frontera exterior, se señalaba el programa de regularización en España como un “factor de atracción” (pull factor) y se exigía un refuerzo coordinado de las fronteras, la lucha contra los traficantes y la eliminación de cualquier incentivo para nuevas entradas ilegales. Se propuso una videoconferencia urgente de ministros del Interior (fijada para el 4 de agosto de 2026).
España respondió con dureza. Pedro Sánchez acusó a parte de los socios de una reacción “egoísta, polarizadora e ilegal”, subrayando que el control se restableció en menos de 48 horas, se prestó asistencia humanitaria y se evitó cualquier desplazamiento posterior no autorizado. Madrid convocó al embajador italiano para pedir explicaciones. Sánchez exigió una reunión urgente para ratificar que la seguridad de las fronteras exteriores es una responsabilidad compartida.
1. La versión de Madrid: las mafias y la "mala interpretación" de la resolución judicial
La postura oficial del Gobierno de Pedro Sánchez se reduce a lo siguiente: los principales culpables fueron los grupos criminales organizados dedicados al tráfico de personas.
2. Versión de los opositores a Sánchez
La oposición de derechas (Partido Popular y especialmente Vox) y una parte considerable de los conservadores europeos ven la raíz del problema en las políticas del propio Gobierno español.
En la primera mitad de 2026, el Gobierno de Sánchez puso en marcha un programa a gran escala de regularización de migrantes en situación irregular. Inicialmente se preveía regularizar a unas 500.000 personas, pero se presentaron más de un millón de solicitudes. Las condiciones eran relativamente laxas (permanencia en el país antes del 1 de enero de 2026 y un determinado período de residencia continuada).
Según los expertos, esto envió una señal potente de que España se había convertido en el país grande más "abierto" de Europa. En combinación con la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones instantáneas por mar, se creó la sensación de que llegar a territorio español significaba obtener la oportunidad de quedarse. Los jóvenes marroquíes y argelinos que se encontraban en las zonas fronterizas lo percibieron como una ventana de oportunidad.
Esta versión explica bien por qué se produjo un crecimiento explosivo precisamente en ese momento, pero no explica adecuadamente por qué ocurrió precisamente a través de Ceuta y a tal escala. La regularización atañía a quienes ya se encontraban en España, no a los nuevos llegados.
3. Tercera versión: Marruecos relajó deliberadamente el control
Tan solo diez días antes de la incursión, el 20 de julio, Pedro Sánchez realizó su primera visita oficial a Argelia en cuatro años. Esto supuso la culminación del restablecimiento gradual de las relaciones tras la profunda crisis de 2022. Calificó a Argelia de “socio estratégico y país amigo”, y las partes acordaron llevar las relaciones a un nuevo nivel y celebrar una reunión de alto nivel en otoño. Además, se abordó específicamente la cooperación en materia de seguridad y migración.
Para Marruecos se trata de un tema sensible. Rabat y Argel son antiguos rivales regionales. Su enfrentamiento abarca varias dimensiones:
· El Sahara Occidental: el conflicto central. Argelia apoya al Frente Polisario y la idea de un referéndum de autodeterminación. Marruecos considera el territorio como propio y promueve su plan de autonomía.
· Enemistad histórica, frontera cerrada desde 1994, carrera armamentística, competencia por la influencia en la región y en África.
· Para Rabat, cualquier acercamiento perceptible de Madrid a Argelia se percibe como un potencial debilitamiento de la “asociación estratégica” hispano-marroquí, especialmente después de que España en 2022 hiciera un giro histórico a favor de Marruecos.
Marruecos utiliza tradicionalmente la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla como instrumento de presión política. Así, en mayo de 2021, cuando tras la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, Rabat abrió prácticamente la frontera, en solo dos días entraron en Ceuta unas 10.000 personas.
Madrid rechaza categóricamente esta versión. Las autoridades marroquíes también declaran públicamente su compromiso con una “migración legal, ordenada y segura” y destacan la cooperación en la devolución de las personas.
La situación se ha estabilizado, pero las preguntas permanecen. ¿Cómo se coordinó exactamente un movimiento tan masivo? ¿Hasta qué punto están preparadas Ceuta y Bruselas ante la repetición de escenarios similares?
Author · 30 ago 2026
