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Argentina pide al Tribunal del Mar que prohíba a el Reino Unido la extracción de petróleo en las islas Malvinas


Actual12:13, 12 nov 2026
Argentina pide al Tribunal del Mar que prohíba a el Reino Unido la extracción de petróleo en las islas Malvinas

Acudir al tribunal constituye un intento de encauzar una disputa política por vías estrictamente jurídicas. Argentina insiste en la adopción de “medidas provisionales” que obliguen al Reino Unido a congelar todas las licencias de exploración petrolera hasta que se resuelva la cuestión de la soberanía. Asimismo, Buenos Aires esgrime argumentos medioambientales al afirmar que las perforaciones en aguas profundas dentro del frágil ecosistema del Atlántico Sur entrañan riesgos de contaminación catastrófica, de los cuales Londres no podría asumir la responsabilidad.

El litigio de décadas entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas ha vuelto a estallar. Esta vez, las reservas de hidrocarburos se convirtieron en piedra angular. Buenos Aires ha recurrido formalmente ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para exigir el cese de lo que considera la exploración y extracción ilegal de petróleo por parte de empresas británicas en la plataforma continental en disputa.

Según estimaciones de expertos, los yacimientos del proyecto Sea Lion – al que aspiran la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum – podrían albergar entre 300 y 500 millones de barriles de petróleo. Para Londres, esto representa una oportunidad de reforzar su seguridad energética; para la administración de las islas, la posibilidad de alcanzar la independencia financiera.

Argentina considera cualquier actividad económica del Reino Unido en esta región como una flagrante violación de su soberanía. Desde Buenos Aires se subraya que los recursos naturales situados en la plataforma continental pertenecen al pueblo argentino y que su explotación sin el consentimiento del gobierno oficial constituye “un despojo ilegal”.

La parte argentina fundamenta su postura en las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Su argumento central es que, de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, las partes deben abstenerse de adoptar medidas unilaterales que alteren la situación en la zona en litigio hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo.

Acudir al tribunal constituye un intento de encauzar una disputa política por vías estrictamente jurídicas. Argentina insiste en la adopción de “medidas provisionales” que obliguen al Reino Unido a congelar todas las licencias de exploración petrolera hasta que se resuelva la cuestión de la soberanía. Asimismo, Buenos Aires esgrime argumentos medioambientales al afirmar que las perforaciones en aguas profundas dentro del frágil ecosistema del Atlántico Sur entrañan riesgos de contaminación catastrófica, de los cuales Londres no podría asumir la responsabilidad.

A pesar de su rumbo libertario y de su aspiración a un acercamiento con Occidente, la cuestión de las Malvinas sigue siendo para Argentina una prioridad constitucional que aglutina a todas las fuerzas políticas.

La batalla por el petróleo en torno a las islas Malvinas no es meramente un conflicto económico, sino una prueba de resistencia para todo el sistema de derecho internacional marítimo. El fallo del tribunal sentará un precedente para decenas de otros territorios en disputa en todo el planeta. Mientras tanto, la pugna petrolera no hace más que ensanchar el abismo entre Buenos Aires y Londres, alejando aún más las perspectivas de diálogo. Para ambos países, las apuestas son demasiado elevadas: para uno se trata de la recuperación de su integridad territorial; para el otro, de la salvaguarda de los derechos de sus ciudadanos y de sus recursos oceánicos.

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