En su manifiesto, la plataforma ciudadana señala que la gente se ve obligada a cambiar sus rutas para volver a casa, los ancianos salen menos a la farmacia o al médico, y el pequeño comercio teme tener que cerrar. Vivas apunta a un aumento del 60% en la delincuencia y del 400% en las urgencias médicas.
El 25 de octubre, alrededor de 30.000 personas marcharon en Madrid en apoyo a Ceuta. La plataforma Mujeres Caballas, organizadora de la movilización, exigió que en un plazo de 30 días se comiencen a aplicar medidas para restablecer la seguridad y apoyar a los servicios municipales. El ultimátum expira en torno al 24 de noviembre, cinco días antes de las elecciones generales.
La marcha fue organizada por la plataforma ciudadana Mujeres Caballas, que se define como apartidista. La Delegación del Gobierno estimó el número de asistentes. En la cabecera de la manifestación también marchó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. En su manifiesto, la plataforma ciudadana señala que la gente se ve obligada a cambiar sus rutas para volver a casa, los ancianos salen menos a la farmacia o al médico, y el pequeño comercio teme tener que cerrar. Vivas apunta a un aumento del 60% en la delincuencia y del 400% en las urgencias médicas. Estos son sus propios datos; la estadística oficial aún no los confirma.
Cabe recordar que, según datos de las autoridades municipales, entre el 30 y el 31 de julio entraron a la ciudad unas 80.000 personas procedentes de Marruecos, algunas de ellas a nado. Las estimaciones sobre cuántas personas se han quedado varían. Vivas habla de 15.000. El Gobierno no ofrece una cifra global, pero sí informa sobre las salidas.
Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hasta el 16 de octubre 12.000 personas habían abandonado la ciudad, ya fuera de forma voluntaria или por decisión judicial y administrativa; más de 500 de ellas fueron expulsadas. El 26 de octubre, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, declaró que cerca de 13.000 adultos habían regresado a Marruecos y que los campamentos improvisados en la ciudad habían sido desmantelados.
Según Torres, más de 3.000 menores no acompañados se encuentran en los centros de la ciudad. Ninguno ha sido reagrupado aún con su familia en Marruecos, a pesar de que los expedientes ya han sido enviados allí. Unos 300 menores, o el 10%, han sido trasladados a otras regiones de España. La tutela de los menores es una competencia autonómica. El Gobierno propone un reparto obligatorio de los niños por todo el país, algo que, según el ministro, el Partido Popular no respalda.
El plazo del ultimátum expira en plena campaña electoral, que se desarrollará del 13 al 27 de noviembre. De si Marruecos acepta o no acoger a los menores y de si las comunidades autónomas españolas están dispuestas a asumir su tutela dependerá lo que cambie en la ciudad durante estos 30 días.
Autor · 26 oct 2026
