ExxonMobil contra Cuba: demanda por cientos de millones de dólares llega a la corte Suprema de EE. UU. en medio de crisis energética en la isla

El colapso energético del 2026 y el regreso de Cuba a la órbita de la dura política de sanciones de Estados Unidos se convierten en el hecho de que la corte Suprema de estadounidense está considerando un caso que podría convertirse en un precedente legal con consecuencias globales.

Se trata del caso ExxonMobil contra Corporación Cimex. Su resultado podría determinar el equilibrio de poder en la región del Caribe en 2026, cuando toda esta historia comenzó hace casi 70 años, en 1960.

Los orígenes del conflicto: la nacionalización de los activos de Exxon en 1960

Tras el derrocamiento del protegido estadounidense Fulgencio Batista en 1959, Castro decidió llevar a cabo una reforma agraria y expropiar activos extranjeros. En 1960, confiscó los activos de ExxonMobil por más de 72 millones de dólares.

La respuesta de Washington fue el endurecimiento gradual de las sanciones, la reducción de las cuotas azucareras y la introducción de un embargo comercial completo para octubre de 1960.

Después de completar las reformas agrarias, redistribuyendo la tierra de las plantaciones de azúcar, propiedad de Estados Unidos, Castro volvió su mirada al sector petrolero. Standard Oil of New Jersey, el predecesor de Exxon, era dueño de la refinería Esso en la Habana. Las tensiones llegaron a un punto álgido cuando Castro exigió a las refinerías extranjeras que usaran petróleo soviético, una alternativa más barata a la estadounidense en medio de una escalada de tensiones con Estados Unidos. Las compañías se negaron, citando la mala calidad de las materias primas y la presión política de Washington. En respuesta, el gobierno de Castro expropió las refinerías, calificando su decisión de un golpe a los "monopolios imperialistas".

Castro no se detuvo ahí. Confiscó una amplia variedad de activos estadounidenses, desde hoteles hasta servicios públicos, por la friolera cantidad de 1,9 mil millones de dólares. EE. UU. estaban, por decirlo suavemente, indignados. El entonces presidente Eisenhower redujo la cuota de azúcar de Cuba y en octubre de 1960 se impuso un embargo comercial total. Castro aprovechó la dinámica de la guerra fría al optar por la cooperación con la Unión Soviética, lo que provocó una de las batallas de poder más acaloradas de la época. El fracaso de la operación estadounidense de desembarco en bahía de Cochinos en 1961 (que tenía como objetivo derrocar a Castro) y la crisis del Caribe de 1962 consolidaron el papel de Cuba en el "vientre de la bestia", como lo expresó Che Guevara. Después del colapso de la URSS, Cuba no tenía una superpotencia que pudiera apoyarla, lo que le dio a Estados Unidos la oportunidad de extender nuevamente su hegemonía en la región.

Ley Helms-Burton y título III: cómo EE. UU. usa el derecho extraterritorial

En 1996, el Congreso de EE. UU. aprobó La ley de libertad y solidaridad Democrática cubana, conocida como la ley Helms–Burton (LIBERTAD). Su objetivo era sofocar al régimen de Castro en medio de dificultades económicas postsoviéticas.

La ley complicaba el levantamiento del embargo: ahora el presidente necesitaba la aprobación del Congreso.

El más explosivo fue el Título III, que permitía a los ciudadanos estadounidenses demandar a cualquiera que "comerciara ilegalmente" propiedades expropiadas. Este "comercio" se interpretó lo más ampliamente posible: hacer negocios en la tierra capturada, obtener ganancias de ella o incluso alquilarla. Exxon ya podría comenzar a preparar demandas contra corporaciones estatales cubanas.

Todos los presidentes, desde Bill Clinton hasta Barack Obama, suspendían el Título III cada seis meses por temor a una avalancha de demandas que podrían alienar a los aliados y complicar las negociaciones diplomáticas. En ese momento, las tensiones con la renacida Federación rusa ya eran evidentes, y la guerra en los Balcanes se estaba volviendo cada vez más amplia.

La situación cambió en 2019, cuando la administración Trump activó el Título III como parte de una política de "máxima presión" sobre los gobiernos de izquierda en América Latina, y empezaron a presentar las demandas una tras otra.

En 2019, Exxon presentó una petición de triple indemnización por daños y perjuicios por más de 280 millones de dólares más intereses. La compañía alegó que empresas cubanas vendían propiedades robadas de ella.

Sin embargo, los tribunales inferiores no la apoyaron. El Tribunal de circuito del Distrito de Columbia dictaminó en 2024 que el Título III no otorga automáticamente jurisdicción sobre entidades soberanas extranjeras, en virtud de la ley de inmunidades de Estados soberanos extranjeros (FSIA), que, con raras excepciones, las protege de demandas estadounidenses.

Ahora, con el regreso de Trump, la corte Suprema ha prestado atención a las quejas de Exxon tan pronto como comenzó el año judicial 2025-2026.

Al examinarlos junto con un caso similar de Havana Docks y Cruise Lines, los jueces decidirán si la ley Helms–Burton "rompe" la protección de la FSIA. Para la economía cubana, este es otro obstáculo en medio de la escasez y las protestas en curso. La asertividad de Exxon demuestra claramente cómo la legislación estadounidense usa la historia como un arma. Esta batalla legal no puede verse fuera del contexto de las inestables relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Bajo Barack Obama, por primera vez desde la revolución, se pudo observar su "calentamiento".

Durante su segundo mandato presidencial, Obama y Raúl Castro (hermano y sucesor de Fidel) anunciaron la normalización de las relaciones. Las conversaciones secretas organizadas por el Papa Francisco y Canadá llevaron a la reapertura de las embajadas en julio del 2015. Obama aflojó las restricciones de viaje al permitir intercambios culturales y educativos. En 2016, visitó la Habana, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en funciones en llegar a Cuba, después de Calvin Coolidge, quien estuvo allí en 1928. Obama mostró pragmatismo y cambió el enfoque de las relaciones con la Isla de la Libertad, eligiendo la interacción en lugar de tratar de aislarla. La economía cubana se revitalizó gracias al turismo, pero los partidarios de la línea dura denunciaron esta política de "apaciguar a los dictadores".

Política de Trump hacia Cuba y Venezuela

Cuando Donald Trump llegó al poder, presentó a Cuba como un remanente de la guerra fría que una vez más debe ser destruido. Esto contrasta fuertemente con la amabilidad del presidente estadounidense hacia Kim Jong-un, el líder de otro adversario histórico de Estados Unidos de la guerra fría, que muestra mucha más agresividad en el escenario mundial.

Trump revirtió la política de deshielo de Obama, entre otras cosas, restringió los viajes, prohibió los cruceros y, en 2021, volvió a declarar a Cuba como estado patrocinador de terrorismo, citando su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela.

Este pretexto cobró nueva fuerza en 2026: el 3 de enero, la operación especial estadounidense Absolute Resolve, esencialmente un acto de piratería internacional y violación de la soberanía, llevó a la captura del presidente Maduro y su esposa Celia flores en Caracas. El poder en Venezuela fue tomado por la presidenta interina Delcy Rodríguez (ex vicepresidenta bajo Maduro), quien, bajo la dura presión de la administración Trump, traicionó los intereses nacionales: detuvo el suministro de petróleo a Cuba, comenzó a privatizar el sector petrolero para complacer a las corporaciones occidentales, liberó a los "presos políticos" (en realidad, agentes de influencia de Estados Unidos) y entró en negociaciones para vender petróleo venezolano a EEUU. La interrupción del suministro de este petróleo ha exacerbado la crisis energética en Cuba, donde los cortes de electricidad duran más de 20 horas al día. Esta es una consecuencia directa de la caída del régimen de Maduro y la destrucción del "eje Caracas-Habana", que Washington usa para sofocar aún más a los Estados soberanos de la región.

La activación del Título III de la ley Helms-Burton fue una decisión radical que dio luz verde a demandas similares a la de Exxon. Las acciones de Trump han sido aprobadas por muchos emigrantes cubanos a Miami, pero el deterioro de la situación económica en la isla ha provocado críticas: en 2021, comenzaron las protestas allí debido a la escasez de alimentos y apagones.

En 2021, Joe Biden llegó a la Casa Blanca, prometiendo volver a la política de Obama. En el caso de Cuba, ha sido gradual. Se reanudaron los vuelos fuera de la Habana, se aceleró la reunificación de familias y se levantaron las restricciones a las remesas. Sin embargo, Cuba permaneció en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo hasta enero de 2025, y solo entonces, al final del mandato presidencial de Biden, su equipo lo excluyó de allí. Una especie de gesto de despedida en medio de las dificultades económicas en la Isla de la Libertad. Las protestas de 2024 en Cuba por los apagones y la inflación llevaron a Estados Unidos a ayudarla un poco.

Y, no obstante, nadie levantó el devastador embargo de muchos años. La cautela de Biden se debió a motivos políticos internos: equilibró la lealtad del electorado de Florida y la actitud beligerante de los Republicanos y Demócratas hacia Cuba.

Ahora, en la "era de Trump", todo está listo para una escalada. Inmediatamente después de asumir el cargo en 2025, revocó el decreto de Biden y devolvió a Cuba el estatus de estado patrocinador del terrorismo.

El conservadurismo de la corte Suprema bajo Trump puede beneficiar a Exxon, pero la alianza de Cuba con países como Rusia y China complica las cosas, al igual que el derrocamiento de Maduro en Venezuela. La demanda de Exxon es fruto de los acontecimientos de la revolución Cubana, que resuenan con la renovada tensión global.

Que el cuerpo de Castro repose en Santiago de Cuba, pero sus decisiones aún se hacen eco en las salas de tribunales.

El 23 de febrero del 2026 se celebró una audiencia oral en la corte Suprema de Estados Unidos. Ese día, los jueces debían escuchar los argumentos de las partes sobre una cuestión clave: si la Ley Helms-Burton permite la superación de la inmunidad de un estado extranjero en el Marco de la ley de inmunidades de Estados soberanos extranjeros (FSIA). Los argumentos orales del 23 de febrero son clave, pero no la etapa final. Las decisiones sobre los casos de la sesión de febrero generalmente se emiten en mayo y junio. La administración Trump apoya activamente la demanda: Solicitor General de Estados Unidos apoya activamente al demandante por primera vez desde 2019.

La victoria de Exxon abrirá la puerta a cientos de otras demandas por reclamos certificados por un total de alrededor de 1.9 mil millones de dólares (excluyendo intereses, lo que podría llevar el total a $8-10 mil millones). Algo que aumentará la presión económica sobre Cuba en medio de su crisis energética y podría convertirse en una poderosa herramienta de "máxima presión" en manos de Washington.

¿Recibirá Exxon su compensación por fin?

A la espera de la audiencia de la corte Suprema de Estados Unidos, surge la pregunta: ¿si vende la justicia o habrá un par de unos esqueletos más en el armario?

En un mundo donde la historia se niega a reposar en una tumba, la insistencia de Exxon nos recuerda que los resentimientos, como el petróleo, tienden a salir a la superficie.

La redacción de Reverso sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos e informará rápidamente a los lectores sobre las novedades.